Cabe pensar que el ejecutivo de Rajoy contaba de antemano aceptar la sentencia de Estrasburgo.

Cabe pensar que el ejecutivo de Rajoy contaba de antemano aceptar la sentencia de Estrasburgo. España no está obligada a cumplir la sentencia, su ordenamiento jurídico no se lo permite. Si a pesar de ello el Gobierno español insiste en aceptar la sentencia de Estrasburgo, sobre la doctrina Parot,que propicia que miembros asesinos de la banda terrorista ETA, violadores contumaces y otros depredadores de la vida y de la libertad humana salgan de prisión sin haber cumplido el límite de sus condenas, no habrá más remedio que pensar, que esa precisamente es su política –el guión de ZP, hilvanado en el próximo pasadopor el magistrado José Luis López Guerra que había expresado ya su prejuicio, en el sentido literal del término, en contra de la doctrina Parot, y pasado a limpio por Rajoy- y que la excarcelación de etarras forma parte de los compromisos contraídos y nunca revelados, por este, a sus votantes. Y es tan claro como que el convenio que regula la sujeción española al tribunal europeo de derechos humanos no consagra a este último como instancia judicial suprema. El convenio dice expresamente –artículo 41- que “si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa”. Esto supone que el convenio acepta, de entrada, que los fallos de Estrasburgo no sean aplicados por contradicción con el derecho de cada país.  “España está obligada a hacer todo lo que su ordenamiento le permita hacer para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no a lo que el ordenamiento jurídico español no le permite”, segúnCarlos Ruiz Miguel Catedrático de Derecho Constitucional. Otros países europeos, en circunstancias semejantes, han optado por no cumplir todos los fallos. Es el caso del Reino Unido, que argumentó en su día que eludía el cumplimiento de ciertas sentencias estrasburguesas en nombre del interés general de la nación. La opinión pública española se encuentra conmocionada por el suceso y el problema que se plantea al Gobierno es de enorme envergadura. Octubre 2013 Por: Emilio Clemente, ex Presidente de la Excma. Diputación de Guadalajara